Con indignación y dolor he sido testigo a distancia del giro de los acontecimientos en la República de Perú, a raíz del rechazo de los pueblos indígenas amazónicos a los acuerdos comerciales internacionales suscritos por su persona en su calidad de Presidente, violatorios de la Constitución Política, del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y las leyes de su país.

La brutal respuesta del Estado peruano en Bagua, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, a la resistencia indígena en defensa de la Madre Naturaleza (tras 56 días de movilización amazónica, fracaso del diálogo y postergación de la derogatoria de varios decretos legislativos), ha costado la vida de numerosas personas y el desplazamiento de cientos de familias en busca de resguardo para evitar ser víctimas mortales de la acción represiva de la fuerza pública.

La supuesta ‘conspiración internacional’ denunciada por su gobierno, es una farsa. Los pueblos indígenas del Continente sólo están reclamando consulta, participación, respeto a las comunidades originarias y salvaguarda de la naturaleza. Están rechazando en forma enérgica la subordinación de la clase política y de los empresarios nacionales a los poderosos intereses de las compañías transnacionales. Muestran con dignidad su rostro y se movilizan por la identidad, las culturas ancestrales y el vínculo íntimo de ‘vida humana - Madre Naturaleza’. Emergen, se levantan y luchan en contra de una concepción de desarrollo que empobrece a la gente, mata paulatinamente al planeta Tierra y envilece los verdaderos intereses nacionales en cada país. Esa es la ‘conspiración internacional’ a la cual Usted y su gobierno aluden.

Por tal motivo, me uno al clamor de los ciudadanos y ciudadanas de mi país y del mundo y demando de Usted y su gobierno el cese de la represión en Bagua, se levante el estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, se detenga la persecución en contra de la población y dirigencia, y se realice una investigación internacional para una aclaración total de los hechos en los cuales se perdieron vidas humanas y lo cual condenamos enérgicamente en esa región, así como se dé paso al irrestricto respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. El ejercicio de derechos no debe criminalizarse. La represión estatal debe ceder espacio a la búsqueda racional de soluciones mediante el diálogo y la negociación con voluntad política real.

Atentamente,
Rigoberta Menchú Tum