Quedamos quebradas. Nos duelen los huesos, de los golpes. Quedamos de rodillas, una vez más. Desnudas en pleno invierno, en el medio de la nada. Gritamos, no nos escucharon. Nos molieron a golpes, otra vez. Nos violaron, después de engañarnos, pidiéndonos solidaridad. ¿No es eso peor todavía que si nos hubieran asaltado? Fuimos una vez más el blanco de un varón que no soportaba vernos ser queridas por la gente, por colegas, vecinos. Finalmente nos mataron.

Otro femicidio más en nuestra provincia (Santa Fe) que ya contaba con el tristísimo antecedente de la muerte de la docente Daniela Spárvoli, cuyo crimen estuvo impune durante tanto tiempo. En 2009 volvemos a estar de duelo. La rapidez con la que se encontró al principal sospechoso, conocido de la docente asesinada, como suele suceder tan a menudo, permite comenzar el duelo con mayor rapidez, para luego empezar a pensar en las acciones que como grupo se deberán tomar para evitar otras Danielas, otras Alejandras.

Los fríos datos estadísticos nos apabullan. Los hechos contados por las notas periodísticas nos demuestran la saña con la que Alejandra Cugno, directora de la Escuela Nº 268 de Cañada Rosquín, fue tratada antes de perder la vida. Queremos entender por qué y a partir de la lectura de las descripciones forenses comprendemos tristemente, y una vez más, que el perpetrador de semejante crimen no sólo conocía a la víctima, sino que planificó sus movimientos intentando, con poco éxito, engañar a los policías que lo buscarían por el hecho.

La muerte de la docente de la localidad cercana a Rosario, horrorosa en su singularidad, además de remitir a lo que pudo haber sufrido la maestra Daniela Spárvoli, no deja de hacernos pensar en las otras muertes de mujeres en nuestro país: 208 mujeres fueron asesinadas el año pasado en Argentina por la violencia sexista además de aquellas que no pudieron ser identificadas, murieron el año pasado, detalla el informe elaborado por el Area de investigaciones de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, a manos de sus maridos, parejas, amantes, novios, ex parejas, desconocidos que ejercieron violencia sexual, parientes y vecinos.

Y hasta el 30 de junio, ya son 82 mujeres y niñas, hay seis femicidios por conexión, nueve casos que se siguen investigando y nueve mujeres están hospitalizadas en grave estado.

El caso de la docente Alejandra Cugno suma otra víctima más a la estadística de este año. El dolor de sus familiares, de sus colegas en la docencia de toda la provincia, multiplica su tragedia, habla y pide a gritos un cambio profundo en nuestra sociedad. Donde los reclamos por más justicia y más seguridad incluyan los reclamos de las mujeres y niñas víctimas de la violencia sexista. Como bien expresaron las docentes de Amsafe en su comunicado la semana pasada: Hoy somos todas Alejandra.

* Periodista y coordinadora de Red Informativa de Mujeres de Argentina (RIMA).

En un hecho inédito en el país, el gobierno del Chaco pedirá disculpas públicamente a una joven toba por haberle negado justicia en esa provincia en un caso de violación. Se le pagará además una indemnización de 53 mil dólares y se le entregará una vivienda, entre otras medidas reparatorias. La muchacha es muy pobre y vive en un pueblito aislado de El Impenetrable, a unos 400 kilómetros de Resistencia. El 3 de octubre de 2003, cuando tenía 15 años, fue violada por tres jóvenes “criollos”, vecinos del lugar. A pesar de que la amenazaron para que callara, la chica –identificada como L. N. P.–, hizo la denuncia. Pero la delegación policial demoró en tomarla y la envió a un centro sanitario, donde fue maltratada. En el juicio quedó probado el acceso carnal por la fuerza pero los tres imputados fueron absueltos de culpa y cargo por un tribunal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en un proceso plagado de irregularidades, prejuicios de género y discriminación racial. En el fallo, los jueces consideraron que “no se debe confundir la violación con la violencia propia de un acto sexual” (ver aparte). Los atropellos a los derechos de L. N. P. fueron denunciados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU –tal como reveló un año atrás Página/12–, donde la Argentina enfrenta una demanda. Antes de que llegue la probable condena, el gobierno del Chaco acordó empezar a reparar el daño provocado a L. N. P. por el papel que jugó el Estado para dejar impune la violación.

El acto simbólico de reparación se hará el mañana en la Casa de Gobierno. Ayer, el director provincial de Defensa de la Democracia y del Ciudadano, Julio García, confirmó a este diario que está previsto que lo encabece el gobernador, Jorge Capitanich. L. N. P. irá acompañada por su familia y por integrantes del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario, y el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con sede en Perú, las dos entidades que llevaron la denuncia ante el CDH.

“Es muy positivo que antes de que salga la condena de Naciones Unidas empiecen a reparar a L. N. P.”, destacó la abogada rosarina Susana Chiarotti, miembro de Insgenar y responsable del Area de Monitoreo Internacional de Cladem. Chiarotti estará en la ceremonia junto a la titular de la oficina en Argentina de Unifem, la española Maider Orta, y a miembros de la asociación indígena Megue Xogochi. Jóvenes de esa ONG hicieron 80 kilómetros en bicicleta hasta la localidad de Castelli para denunciar el caso por teléfono ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando se enteraron de que los tres imputados de la violación de L. N. P. estaban en libertad. En el pueblo de L. N. P. –cuyo nombre se mantiene en reserva para preservar a la joven– no hay teléfono público ni llegan las señales de los celulares. Ese llamado fue la puerta para que el caso llegara a un organismo internacional y derivara luego en este acuerdo emblemático.

Además estará la diputada provincial aborigen Inocencia Charole, que semanas atrás denunció en tribunales del Chaco a funcionarios del Programa Paicha, que brinda ayuda a El Impenetrable, por presunto abuso sexual de dos chicas de una comunidad wichí, a quienes les habrían exigido favores sexuales a cambio de comida.

“Para nosotros el acuerdo al que se ha llegado en el caso de L. N. P. es un antecedente muy importante. Generalmente los aborígenes no acceden a la Justicia y cuando hacen una denuncia terminan imputados ellos mismos o sus patrocinantes”, señaló García, abogado indigenista y funcionario del gobierno chaqueño.

El pedido de disculpas a la muchacha es un paso fundamental porque significa el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por haberle negado justicia tras la denuncia de violación sexual. En el petitorio elevado ante la CDH, Cladem e Insgenar pidieron además una indemnización por el daño material y moral para la muchacha, que se le ordene al Estado argentino “la inmediata capacitación de funcionarios y operadores de justicia para evitar la repetición de actos discriminatorios contra mujeres y niñas, especialmente en casos de violencia”, y que se disponga la creación de servicios de atención a víctimas de violencia sexual, “con personal y materiales dispuestos en los idiomas de la población afectada”.

El gobierno provincial le entregará a L. N. P. también una vivienda en la localidad de Castelli. La joven pidió que sea en ese lugar: así podrá alejarse de su pueblo, donde el caso se ventiló. A L. N. P. le resultó dificultoso continuar con sus estudios, dado que el padre de uno de los jóvenes que estuvieron imputados está vinculado con la escuela. Chiarotti contó que están negociando que le den una beca para que pueda seguir luego una carrera universitaria: “Ella quiere estudiar medicina”, contó la abogada.

L. N. P. fabrica canastos artesanales junto con su mamá. Su papá vive de changas. El año pasado viajó a Buenos Aires para participar el 29 de agosto de una reunión en la Cancillería junto a su padre y su hermano. En su bolsito, trajo algunos canastos para vender. Era la primera vez que salía de su zona rural, la primera vez que veía edificios de departamentos.

Fuente